Los beneficiarios mantienen su protección migratoria mientras las autoridades estadounidenses no emitan una nueva decisión sobre el programa.
La normativa crea un registro obligatorio para profesionales vinculados a proyectos de urbanización y construcción, y establece sanciones de hasta 20 salarios mínimos.
La legisladora pidió que el primer recomendable sea dirigido al fiscal general para que actúe de oficio en el caso y que el segundo se envíe a la ministra de Educación para que intervenga ante la situación.
Ortiz cuestionó la integración del Tribunal de Honor que lleva su caso y señaló posibles vínculos de sus miembros con la planilla que compite contra la suya.
Un estudio de CID Gallup citado por Domínguez estima un consumo anual de 9.79 millones de quintales de maíz y 1.60 millones de quintales de frijol en los hogares salvadoreños.
Guzmán también cuestionó el liderazgo de Vamos, al considerar que proyectan una imagen distinta a la que, según su experiencia, mantienen fuera del ámbito público.
