Coronel salvadoreño implicado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989 niega toda participación en el crimen de lesa humanidad

POR REDACCIÓN

ESPAÑA.- Uno de los militares salvadoreños vinculado al crimen de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989, coronel Inocente Montano negó, durante la continuación del juicio en su contra que se realiza en España, su participación en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la sede la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989.

El militar aseguró, durante el juicio que se le sigue en España, que él carecía por ese entonces de poder de mando,

“La función mía era de tipo administrativo (como viceministro de Seguridad Pública), la de tipo operativo la tiene solo el estado mayor de la fuerza armada”, expuso Montano, en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.

Cinco de los religiosos asesinados en suelo salvadoreño eran españoles, por lo que en el proceso judicial el coronel Montano ha tratado de desligarse de los hechos que se le imputan.

“El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, que son los que estaban a cargo de mi persona”, aseguró el acusado.

Reportes de prensa evidencia que el testimonio del coronel Montano duró una hora, tiempo durante el cual estuvo en su silla de ruedas portando una mascarilla en el rostro, un requisito por la pandemia del coronavirus.

Según Montano el ministro y viceministro de defensa eran “los encargados de la seguridad nacional, que en ese momento estaba comprometida por el choque con las fuerzas del FMLN (la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que es una organización terrorista”, agregó.

“No hubo nunca pretensiones de hacerle ningún daño a él (al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, uno de los asesinados) o a la Iglesia o a la universidad”, subrayó Montano, que solo contestó a preguntas de su abogado y se negó a responder a las partes acusadoras.

Por su parte, la fiscalía española acusa a Montano de haber participado "en la decisión, diseño o ejecución del asesinato" al considerar que se era parte de "una estructura paralela, al margen de la legalidad, razón por la cual pide hasta 150 años de prisión.

Otro de los aspectos que se debate durante el juicio es la posible prescripción del delito, uno de los puntos de la parte defensora; sin embargo, la fiscalía defiende que según la justicia española el procedimiento no prescribió, porque la investigación se inició dentro de los 20 años de plazo en 2009, en base al principio de justicia universal.